La Subregion Urabá, es ampliamente reconocida a nivel nacional e internacional por sus cultivos de banano, fruta que se exporta a Europa y Estados Unidos desde los años sesenta, época en que la aparición de la enfermedad de la Sigatoka negra afectó los cultivos del banano en otra región del país. Entonces, la región Urabá, con una oferta de suelos nuevos, libres de enfermedades, de bajo costo y protegidos de las tormentas tropicales presentaba una ventaja frente a otras zonas del Caribe y se convirtió en el foco de la industria bananera, con un crecimiento constante, apalancado por su ubicación geográfica, muy cerca del istmo de Panamá, con ríos y vías que comunican con el centro de país a través de Antioquia y a la vez siendo el sur de la región Caribe.
El auge del banano trajo consigo aventureros emprendedores que se desplazaron de Chocó, el Caribe y la zona andina, huyendo de la violencia partidista y buscando oportunidades en esta nuevo refugio, solo habitado para entonces por indígenas Emberás, Cunas y Zenúes, y pequeños pobladores resultantes de las primeras etapas de la conquista española. En menos de un siglo esta región pasó a tener una rica diversidad cultural y étnica, gente amable y trabajadora, que trajo otras prácticas agrícolas como la ganadería, la siembra de la yuca, el maíz, cacao y frutales.
La riqueza de la tierra, las oportunidades económicas y sobre todo la cercanía de Panamá, también hicieron de esta subregión foco de grupos armados que desde los ochenta se ensañaron contra las poblaciones por alcanzar el control territorial que les permitiera el uso del mar para la salida de productos de los cultivos ilícitos y contrabando. La construcción de vías de intermunicipales, el apoyo del Gobierno Regional y la atención nacional ante el clamor de las comunidades, permitieron que el fin del siglo pasado terminara con un poco de tranquilidad e importantes resultados en cubrimiento de servicios sociales pero, su posición estratégica al lado del itsmo de Panamá y contigua al tapón del Darién han conllevado a que las dificultades de control territorial, desplazamiento, ocupación de las aguas y un creciente fenómeno de migrantes, persistan.
La violencia determinada en la gran cantidad de víctimas que dejó el conflicto en esta región, sumada a la pobreza de sus comunidades, la ocupación de las aguas para el transporte de productos ilegales y la baja presencia institucional, hizo que ocho municipios de esta subregión fueran priorizados por el Programa de Desarrollo con Enfoque Territorial – PDET.
En 2018, más de trece mil personas se movilizaron en los ocho municipios para participar en la construcción del plan de acción para la transformación de su región. Identificaron los problemas, determinaron los caminos para superarlos y juntos definieron, concertaron y priorizaron las 1.641 iniciativas o proposiciones que requerían en sus municipios y visionaron su futuro: comunidades rurales y étnicas que participan social, económica y políticamente en la transformación regional, con una institucionalidad que garantiza el respeto de los derechos y la seguridad jurídica de la tenencia de la tierra, como proceso reparador y base para la no repetición, la reconciliación y la paz. Los pilares de Educación Rural y Primera Infancia Rural con el 20,35% y Reactivación Económica y Producción Agropecuaria con 20,35% recogen el mayor número de iniciativas de la subregión, dando cuenta de la limitación de acceso escolar para niños y jóvenes y de oportunidades de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo de sus comunidades. Otro 23,3% está dividido en partes casi iguales entre los pilares de Reconciliación, Convivencia y Construcción de Paz y Salud Rural denotando el querer de la población de dejar atrás la violencia, la falta de condiciones de salud, más allá de las coberturas y caminar seguros hacia un futuro de resiliencia. Los pilares de Ordenamiento Social de la Propiedad Rural y Uso del Suelo, Infraestructura y Adecuación de Tierras y Vivienda Rural, Agua Potable y Saneamiento Básico Rural cuentan, con porcentajes casi iguales, con el 31% de las iniciativas, entre las cuales se encuentran la necesidad de solucionar problemas históricos de propiedad de la tierra, conservación y manejo de las aguas, mejoramientos viales, electrificación, acueducto y saneamiento básico y vivienda rural.
